IU-CM va a intensificar, desde la convergencia y la movilización social, la acción de protesta y alternativa a las decisiones que bloquean el racional y democrático planeamiento urbanístico y medioambiental que se merece nuestra región tras una política territorial del gobierno de la Comunidad valedora de muchos males que afectan, directa o indirectamente, a la inmensa mayoría de los madrileños.

Junto a la carencia de medidas contra el paro y la situación exhausta de la pequeña empresa, de acciones contra las deslocalizaciones y por la reorientación productiva y reindustrialización de la región, mientras se mantienen los sectores públicos, la inversión en educación, sanidad, dotaciones e investigación públicas, en eterna desatención y privatización de su gestión, el gobierno Aguirre se propone agarrotar a la sociedad madrileña a un sentido contrario al interés general.

En estos días se está rematando el asalto al territorio madrileño, al medio ambiente, a los recursos naturales, a su ordenación urbanística y administrativa. El asalto a las competencias de los ayuntamientos. Tras el revuelo causado, la Presidenta puntualiza que éstos habrán de emitir un informe vinculante y preceptivo para los proyectos propuestos por administraciones o promotores privados, no así para las actuaciones urbanísticas promovidas directamente por el gobierno autónomo por motivos de “interés regional” y de necesaria “agilidad” de ejecución. Ese interés y esa agilidad del gobierno de Madrid tan absolutamente compenetrados con los promotores que dominan sectores clave de la región.

La modificación a la Ley del Suelo que se cuela en la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos, coloca a los ciudadanos y a sus representantes locales bajo una intolerable amputación de su facultad de participación y libre decisión en la ordenación del término municipal, más a la merced de aquellos intereses privados privilegiados por el amparo del gobierno regional.

La amenaza se cierne también sobre la salida al problema existente en La Cañada Real Galiana, donde los propósitos opacos han de ser tan imperativos como para haber roto este verano desde el gobierno regional el acuerdo inicial alcanzado con los municipios que han de intervenir en su solución. Hecho que no permite augurar buenas intenciones.

Hay prisa. Antes del fragor electoral han de quedar amarradas las pretensiones de acaparar suelo en período de crisis. De adueñarse de todo el suelo no estrictamente protegido. De ello dan fe múltiples PGOUs de la sierra madrileña, varios de dudada legalidad, que ponen a disposición de los promotores el suelo local libre de protección. Da fe la aprobación del PORN de Guadarrama que reduce los niveles de protección y desbloquea 20 Planes para más de 25.000 viviendas y 4 campos de golf en el inmediato entorno del futuro Parque Nacional, y un potencial desarrollo posterior de 50.000 viviendas.

Los PGOUs recientemente aprobados o en curso en el gobierno regional para multitud de municipios proyectan un desmesurado auge en construcción de alojamientos, cuando el enorme stock en manos de promotoras y bancos sigue sin compradores, panorama de saturación cuya reversibilidad no parece ni inmediata ni cercana mientras siga reduciéndose el nivel de la capacidad de adquisición a los necesitados de vivienda. El calculado propósito de apropiación del suelo madrileño, al precio de hoy devaluado por la crisis, permitirá sin embargo futuras especulaciones y desarrollos a mano de inmobiliarias que salen confortablemente a flote tras el proceso de hundimiento de la competencia más débil.

El gobierno Aguirre perpetua así un modelo de desarrollo que somete a las capas populares y PYMES madrileñas a una doble crisis, ahondando la que ya padecemos por el tipo de desarrollo sostenido en el país y la ciega aplicación de pautas productivas, económicas y financieras que supeditan el interés general al gran lucro privado tan desaforado, aberrante y corruptor como cada vez más minoritario y concentrado.

Un NO ha de levantarse a lo ancho de nuestra comunidad. Entre todos hemos de determinar la propuesta territorial urbanística e integral adecuada al interés de las personas y de sus municipios. A ello está comprometida Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid, desde una concepción ética de la Política como práctica de nuevas ideas y orientaciones ampliamente participadas y de acción común por la democracia.