En esta misma web, no hace mucho, escribí un articulo denunciando la conversión del Colegio Público de Infantil y Primaria Vicente Aleixandre de Miraflores en un CEIPSO (colegio de infantil, primaria y secundaria) sin el conocimiento y mucho menos el acuerdo de una mayoría de las familias, como una decisión política con intereses electorales locales y total desconocimiento (zapatero a tus zapatos) y sobre todo intereses económicos por parte de las administraciones educativas.

Actualmente algunos alumnos de 6º del pasado año, permanecen aislados del sistema educativo vigente: sin proyecto curricular específico, sin proyecto educativo de centro que responda a las directrices del ROC, sin EQUIPO de profesores, sin actividades complementarias, sin equipo de orientación específico, sin taller de tecnología, sin aula de plástica, sin biblioteca dotada para secundaria, sin aula informática dotada para secundaria, sin gimnasio, sin plan de acción tutorial de secundaria... en resumen SIN. Dado que la elección de esta situación la han hecho los padres de dichos alumnos, prefiriéndola sobre la posibilidad de matricular a sus hijos en el IES público de Soto del Real, podríamos dejar de lado el asunto y que cada cual asuma las consecuencias de sus decisiones. Sin embargo, ocupan tres aulas nuevas pertenecientes a la dotación del centro de infantil y primaria, puesto que con esa denominación se aprobó el presupuesto y se realizaron las obras (construcción de cuatro aulas y ampliación del comedor para el colegio público de infantil y primaria Vicente Aleixandre); y por demás su decisión ha comprometido la de todos los padres que venimos detrás *.

Hace pocos días, como madre de un alumno de 5 años (3º infantil) he sabido de la existencia de un ratio de 29 alumnos en el aula.

Se establece, con carácter general, para las enseñanzas de Educación Infantil y Primaria, lo dispuesto en el Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero (BOE de 12 de marzo), que fija en sus artículos 7 y 11 un número máximo de 25 alumnos por unidad escolar en Educación Infantil y Educación Primaria. Las unidades de alumnado de educación infantil de 3, 4 y 5 años, así como las de educación primaria de 1º, 2º, 3º y 4º que tengan una ratio superior a 25 se desdoblarán siempre y cuando exista disponibilidad de espacios en el centro. En caso de que no exista espacio se dotará progresivamente de profesorado de apoyo.

El centro ha pedido la dotación de profesores de apoyo para desdobles, lo cual supone dar por hecho que no existe disponibilidad de espacios en el centro y resulta ser, al mismo tiempo, la peor opción para la calidad de educación de nuestros hijos ( y eso en el supuesto de que se le conceda dicho personal de apoyo).

Entre los recortes en educación (cuyas consecuencias concretas en nuestro centro desconocemos ante la total y acostumbrada ausencia de información por parte del mismo) y la transformación forzada (y desde luego no por ser la mejor opción para TODOS los alumnos del colegio) en un CEIPSO, los hijos de Miraflores optan* a una educación pública muchísimo más pobre e insuficiente que las generaciones anteriores, por mucho que quieran o puedan hacer docentes y personal que en el centro, nos consta, se ganan el jornal.

Y al paso que viene, suma y sigue, porque no hemos acabado.

Texto íntegro del escrito de impugnación registrado sobre el que se debe pronunciar la Mesa a la mayor rapidez para o bien reconsiderar el procedimiento elegido para la reforma constitucional de su artículo 135 o bien para rechazar la propuesta de IU e ICV en todos su términos

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Los diputados abajo firmantes proceden, mediante el presente escrito, a ejercer el derecho que les confiere el artículo 31.2 del Reglamento del Congreso de los Diputados, impugnando por este trámite la decisión adoptada por la Mesa del Congreso de los Diputados el día 30 de agosto de 2011 en relación con la tramitación de la Proposición de Reforma de la Constitución presentada conjuntamente por los grupos parlamentarios del PSOE y del PP.

Esta impugnación se fundamenta en los siguientes MOTIVOS:

PRIMERO. El procedimiento acordado por la Mesa, siguiendo la solicitud de los dos grupos parlamentarios proponentes de la reforma constitucional, no se corresponde con el contenido y consecuencias del texto propuesto.

El contenido de la propuesta de reforma del artículo 135 de la Constitución Española implica una modificación encubierta de su Título Preliminar y, en consecuencia, su tramitación debe seguir los trámites contemplados por el artículo 168 de la propia Constitución. Según este procedimiento, una vez que el Congreso y el Senado acuerdan por mayoría de los dos tercios la iniciativa de reforma constitucional, se debe proceder a la disolución de las Cortes para que sean las nuevas Cámaras electas las que tramiten la reforma constitucional, culminando el proceso con un referéndum vinculante.

El texto de la propuesta de modificación de la Constitución Española, pactado a puerta cerrada entre el PSOE y el PP, afirma textualmente en el apartado 3 del artículo 135 que "Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta."

Esta propuesta supone la modificación encubierta del artículo 1.1 de la Constitución, en el que se define al estado español como un "Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político."

Es fácil comprobar que el texto contenido en la Proposición de modificación de nuestra norma fundamental introduce un valor superior a los de la justicia y la igualdad, que es el del cumplimiento incondicional del pago de los intereses y el capital de la deuda, cumplimiento que también se sitúa por encima del carácter social de nuestro Estado. La aprobación de la reforma propuesta  implica que, la utilización del dinero público por el Estado, Comunidades Autónomas y municipios, tendrá la obligación de priorizar este nuevo valor económico sobre la cobertura de las necesidades sociales que garanticen el cumplimiento de los valores de justicia e igualdad.

De aprobarse la reforma, en los supuestos en los que haya que optar entre el pago de intereses y capital de la deuda pública, o cubrir  necesidades sociales en relación con el empleo, la vivienda, la salud, la educación, la justicia, la investigación o la promoción de la recuperación económica, tanto el Estado, como las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, deberá priorizar el cumplimiento del nuevo valor supremo: la prioridad absoluta al pago de los intereses y la deuda pública.

En definitiva, la propuesta de reforma antepone los intereses de los prestamistas sobre los intereses y necesidades sociales de la ciudadanía.

El cambio constitucional supone, en consecuencia, un drástico cambio en la definición de nuestro Estado como “social”, pasando a ser un Estado rehén de las condiciones que “el mercado” vaya imponiendo para la financiación de las necesidades presupuestarias.

Este cambio encubierto del artículo 1.1 de la Constitución Española y, como consecuencia, la rebaja del nivel de protección de derechos fundamentales contenidos en la Sección Primera del Capítulo II del Título Primero de la Constitución, tales como el derecho a la tutela judicial efectiva plasmado en el artículo 24 (los recursos económicos para que la administración de justicia pueda cumplir este derecho quedan condicionados al prioritario pago de intereses y capital de la deuda) o el derecho a la educación contenido en el artículo 27.5. según el cual “Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes.” (los recursos económicos para que garantizar una educación pública de calidad quedan condicionados al prioritario pago de intereses y capital de la deuda)

En consecuencia con todo lo anterior, la Mesa ha de reconsiderar su decisión, debiendo ajustar la tramitación de la Proposición de reforma constitucional de los grupos PP y PSOE a lo dispuesto por el artículo 168 de la Constitución y el artículo 147 del Reglamento del Congreso de los Diputados, procediendo a hacer coincidir la disolución del Parlamento con la anunciada por el Presidente del Gobierno, con las consiguientes obligaciones del nuevo Parlamento electo.

En cualquier caso ha de considerarse que, ante la más mínima posibilidad de que los cambios constitucionales afecten tanto al Título Preliminar como a derechos y libertades fundamentales, ha de optarse por la vía que más garantías ofrezca en su tramitación y que garantice que el pueblo tenga la posibilidad de decidir en última instancia mediante el oportuno referéndum. Lo contrario sería rebajar todavía más la calidad y profundidad democrática de nuestro país y dejar en papel mojado las múltiples declaraciones mediante las que se resalta la importancia de respetar la voluntad popular, como la contenida en el propio Preámbulo de la Constitución según el cual se proclama la voluntad de la nación española de “consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular” y de“establecer una sociedad democrática avanzada”.

SEGUNDO.    Con carácter subsidiario al motivo anterior, el acuerdo de la Mesa por el que se decide el procedimiento y los plazos para la tramitación de la Proposición de reforma constitucional de los grupos PSOE y PP también vulnera flagrantemente las normas reguladoras del procedimiento de reforma constitucional, contenidas en el artículo 167 de la propia Constitución y en el artículo 146 del Reglamento del Congreso de los Diputados.

Tres son las decisiones cuestionables legalmente en relación con la tramitación de la reforma constitucional promovida por los grupos del PSOE y PP:

1.Tramitación por el procedimiento de lectura única, es decir, eludiendo la participación de la Comisión Constitucional, que es la primera de las Comisiones Permanentes contempladas por el artículo 46.1 del Reglamento del Congreso de los Diputados. Se ampara para ello la Mesa en el artículo 150.1 del Reglamento de la Constitución según el cual "cuando la naturaleza del proyecto o proposición de ley tomada en consideración lo aconsejen o su simplicidad de formulación lo permita, el Pleno de la Cámara, a propuesta de la Mesa, oída la Junta de Portavoces, podrá acordar que se tramite directamente y en lectura única."

Es obvio que cuando el Reglamento del Congreso permite la simplificación máxima del procedimiento normativo en función de la “naturaleza” del proyecto o proposición de ley no está pensando en una reforma constitucional que no sea meramente semántica, puesto que la reforma constitucional es, lógicamente, la que requiere más garantías, más transparencia y más cuidado en su elaboración y aprobación, por tratarse de la norma fundamental que regula la convivencia en nuestro país. Así se constata con la lectura del Título X de la Constitución y de los artículos del Reglamento del Congreso de los Diputados que lo desarrollan (artículos 146 y 147).

Tampoco la “simplicidad” de la Proposición de reforma constitucional puede justificar la opción por el procedimiento de lectura única, pues si algo define la reforma constitucional propuesta es su complejidad técnica y la trascendencia social, política y económica.

2.Tramitación por el procedimiento de urgencia, es decir, reduciendo todos los plazos ordinarios de los trámites para cualquier reforma legal. Entre otros plazos que se reducen, está el plazo ordinario para que los grupos parlamentarios puedan presentar enmiendas que, según dispone el artículo 110 del Reglamento del Congreso de los Diputados, es de 15 días. Son los artículos 93 y 94 del Reglamento los que admiten este procedimiento de urgencia, para cuya declaración se requiere que exista alguna justificación explícita, que deberá ser debidamente motivada por la Mesa del Congreso de los Diputados, máxime cuando nos encontramos ante una reforma de la Constitución Española.

Ya desde un primer momento resulta no sólo sorprendente, sino evidentemente contrario a los artículos 146 y 147 de la Constitución Española y a la finalidad perseguida por los mismos, la tramitación como urgente de cualquier reforma constitucional, por la trascendencia política, social y legal de estas reformas. La calidad democrática de un Estado se ha de medir, en uno de los primeros lugares, por las garantías, la transparencia y la búsqueda del máximo consenso en los procesos de aprobación de las normas constitucionales. La declaración de urgencia de una reforma de la Constitución con el calado de la propuesta por los Grupos de los grupos PSOE y PP, supone un desprecio absoluto a la profundización de la democracia en nuestro país.

En segundo lugar, la declaración de urgencia debe ser motivada, pues no nos encontramos ante una decisión que pueda considerarse discrecional por parte de la Mesa del Congreso de los Diputados, debido a los derechos que se encuentran en juego en las tramitaciones parlamentarias, entre los que se destaca el derecho a la participación en los asuntos públicos, contenido en el artículo 23.1 de la Constitución Española.

No existe ni en la Proposición de reforma constitucional de los Grupos PSOE-PP, ni en el acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados la más mínima explicación de las razones por las que se ha acordado la tramitación urgente y, por lo tanto, se han reducido los derechos y garantías de los y las Diputadas para participar en la tramitación parlamentaria.

¿No tiene derecho el pueblo español a conocer porque los dos partidos políticos mayoritarios han pactado reducir al máximo los trámites y plazos para la reforma de la Constitución Española que en su día fue sometida a referéndum?. La Mesa del Congreso debe rectificar este atropello a la democracia participativa y representativa, acordando la tramitación de la Proposición de reforma constitucional por los trámites y en los plazos ordinarios.

De lo contrario habrá que concluir que existen razones para la declaración de urgencia que son inconfesables para los grupos parlamentarios mayoritarios. En estas condiciones de ausencia de motivación de las razones por las que se acude al procedimiento de urgencia, sería fácil deducir que nos encontramos ante una imposición de “los mercados”, de los “mercaderes de las finanzas” y de algunos representantes y defensores de sus intereses. ¿Existe un chantaje por parte de quienes han causado la actual crisis económica, en relación con la suscripción de deuda pública? ¿Se ha aceptado ese chantaje consistente en amenazar con graves prejuicios económicos para nuestro país si no se cambia de manera “urgente” e inmediata la Constitución Española para garantizar los intereses de esas minorías que dirigen los “mercados financieros”?. Si algo parecido fuera lo que condiciona la decisión de reformar la Constitución antes de la disolución efectiva del Congreso y sin referéndum, haría ilegítima e ilegal la aceptación de tales presiones por dos partidos políticos y por sus representantes en el Congreso de los Diputados.

La ausencia de justificación de las razones para la urgencia en la tramitación de la reforma constitucional por parte de un Parlamento cesante, además de indigno desde una perspectiva política, es sonrojante para cualquier persona con convicciones democráticas profundas. , al objeto de que con carácter inmediato, se constitucionalice la garantía de los prestamistas de que la adquisición de deuda pública.          Es por ello que, para evitar este atentado a los principios elementales de la democracia, la Mesa del Congreso de los Diputados ha de reconsiderar su decisión de la tramitación como urgente de la reforma de la Constitución.

3.Reducción extraordinaria de los plazos, mas allá de la reducción correspondiente a la declaración de la urgencia del procedimiento. Aplica fraudulentamente a estos fines la Mesa del Congreso de los Diputados el artículo 91.2 del Reglamento del Congreso de los Diputados, según el cual  "salvo casos excepcionales, las prórrogas no serán superiores a otro tanto del plazo ni las reducciones a su mitad."

Nuevamente cabe preguntarse cuál es esa situación “excepcional” que lleva a que en menos de una semana de tramitación parlamentaria se quiera decidir una reforma constitucional de profundo calado.

Cuáles sean las ocultas razones que llevan a los grupos parlamentarios del PSOE y del PP a forzar hasta extremos sorprendentes el reglamento del Congreso de los Diputados deben ser tan vergonzantes que no son explicitadas y, por lo tanto, que en ningún caso han de considerarse legítimas.

Al igual que con la declaración de la urgencia, acudir a una vía de “excepcionalidad” ha de venir precedida por una expresa y profunda explicación y argumentación, máxime ante un procedimiento como el de reforma constitucional que, como queda dicho, es el trámite normativo que más garantías, participación y transparencia ha de ofrecer.

También en este supuesto se vulnera el artículo 23 de la Constitución Española, convirtiendo en ridículo el plazo que los grupos políticos que no están de acuerdo con el resultado de las negociaciones a puerta cerrada entre las cúpulas de los partidos políticos del PSOE y PP.  Pasar de los 15 días de plazo ordinario para formular las enmiendas (plazo que en la mayoría de los casos referidos a cualquier otra iniciativa legislativa es ampliado) a 48 horas implica una burla a los trámites parlamentarios y un claro fraude de ley que pretende evitar las garantías contenidas en los artículos 167 de la Constitución Española y 146 del Congreso de los Diputados.

Es por ello que también esta decisión de la Mesa del Congreso de los Diputados ha de reputarse como ilegal, debiendo ser reconsiderada.

TERCERO.- Cabe resaltar el carácter fraudulento de todo el procedimiento propuesto por los partidos mayoritarios y aceptado por la Mesa del Congreso de los Diputados, puesto que pretende:

• eludir la negociación previa de las reformas constitucionales en la búsqueda del máximo consenso posible
• eludir la transparencia en la explicación y contraste público de las consecuencias de la reforma propuesta
• evitar un debate transparente, sereno y en profundidad a través de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados.
• Dificultar al máximo el trabajo y la participación de los grupos parlamentarios que no han aceptado el acuerdo PP-PSOE
• Evitar la participación y la aportación de opinión de las Comunidades Autónomas y de los Ayuntamientos, claramente afectados por la reforma
• evitar la celebración de un referéndum que permita conocer la opinión del pueblo español sobre la reforma propuesta, que en caso contrario aparecerá como “impuesta”.

Todos los objetivos anteriores chocan frontalmente con lo que los artículos 167 y 168 de la Constitución Española, así como con la unánime doctrina constitucional que reserva a las reformas constitucionales el procedimiento más riguroso y rígido de todos los procedimientos normativos regulados en nuestro estado democrático y de derecho.

“Las constituciones democráticas promulgadas en Europa tras la desaparición de los regímenes fascistas parten del reconocimiento del poder constituyente como momento fundante del sistema democrático en un doble sentido, como rechazo del autoritarismo político y social del fascismo, y como pacto o compromiso constituyente refundador del Estado y de la convivencia civil. Este consenso constituyente no sólo abarca a los partidos políticos, sino más en general a los sujetos sociales portadores de un proyecto de sociedad y al conjunto de la ciudadanía que está convocada a participar en esta definición constitucional a través de la consulta popular o referendaria. La constitución de un país requiere por tanto un amplio debate que culmina en un consenso entre diferentes líneas ideológicas y culturales que se replican en las diferentes fuerzas políticas que coinciden en este diseño. Eso explica la "rigidez" constitucional del constitucionalismo moderno, que prevé un procedimiento especial agravado para la reforma de la Constitución y la instauración de un control de constitucionalidad de las leyes a cargo de la jurisdicción ordinaria y, en última instancia, por el Tribunal Constitucional.”

Por todo lo anterior se reitera la solicitud de reconsideración por la Mesa del Congreso de los Diputados del procedimiento acordado para la reforma de la Constitución Española, reconduciéndolo al procedimiento contemplado por el artículo 168 de la misma o, subsidiariamente, siguiendo los trámites ordinarios para los procesos legislativos, sin lectura única, sin declaración de urgencia y sin reducción excepcional de los plazos.

Así se firma en Madrid a 30 de agosto de 2011

Fdo:

Nuria Buenaventura Puig                                    Gaspar Llamazares Trigo

Portavoz Adjunto G.P. ER-IU-ICV                                Diputado G.P. ER-IU-ICV

Secretaría de Comunicación

COMISIÓN EJECUTIVA IU ASTURIAS

Notas sobre el acuerdo PSOE y PPpara reformar la Constitución

Introducción

Desde la Secretaría de Comunicación de IU de Asturias hemos elaborado este documento con carácter de urgencia para facilitar al conjunto de la organización una serie de notas sobre los aspectos más relevantes del acuerdo de reforma de la Constitución que han suscrito PSOE y PP. Dada la urgencia con la que se ha elaborado, os rogamos disculpéis erratas o errores en la redacción.

¿Qué supone la reforma de la Constitución?

La reforma que proponen PP y PSOE consiste en limitar desde la constitución el déficit y la deuda pública. El límite al déficit no es algo abstracto: es lo que va a determinar que tengas o no acceso a la educación o a la sanidad, entre otras muchas cosas. Limitar el déficit es limitar la inversión en la sociedad La propuesta de reforma de la Constitución forma parte del núcleo duro de la política neoliberal de la UE que ya intentaron imponer de manera constitucional con el primer Tratado de Lisboa y que –por desgracia, sólo temporalmente– tanto el pueblo francés como el irlandés mandaron a la basura de la historia con la victoria del NO en sus respectivos referéndums (la posición que defendió IU en España) Para salir de la crisis es necesario adoptar el camino contrario al que representa la reforma del PSOE y PP. Es decir, estimular la actividad económica y facilitar el acceso al crédito a las pequeñas y medianas empresas así como los autónomos. Y eso supone que el Estado impulse un programa de inversión pública para hacerlo posible. El sector privado no invertirá en medio de esta crisis. Un ejemplo es el comportamiento del sector financiero que tras ser rescatado sigue sin abrir el grifo del crédito para facilitar la creación de empleo.

Por tanto, la reforma de la Constitución impulsada por PSOE y PP es una medida que impedirá salir de la crisis y que España elimine el déficit social que tiene respecto a los países de su entorno.Esta medida constata, una vez más, el golpe de mercado que sufre nuestro sistema democrático. Es un ataque frontal a los principios más elementales de la democracia.

Los intereses de los Consejos de Administración de los grandes grupos financieros se imponen a la voluntad democrática. El interés general queda relegado y las decisiones se toman en función del interés particular de pequeños grupos. Este acuerdo constata que las escasas diferencias en materia de política económica entre el PSOE y el PP. Lo que había resultado imposible durante siete años -poner de acuerdo a PSOE y PP en una reforma constitucional- se ventiló en el Congreso, por sorpresa y en diez minutos: los que tardó el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en ofrecerla y Mariano Rajoy en aceptarla. Lamentablemente la Constitución no se reforma para garantizar más justicia social o eliminar los paraísos fiscales como las SICAV

¿Por qué quieren reformarla?

Quieren salir de la crisis sacrificando (o enterrando) el Estado del Bienestar. El problema de fondo es que lo que persiguen la derecha económica y política es aprovechar esta crisis para reducir los “excesos”. Y los excesos son los sistemas públicos de protección (educación, sanidad, servicios sociales) y las conquistas sociales adquiridas en el último siglo (prestaciones por desempleo, derechos laborales, sistemas públicos de jubilación…) Todos estos sistemas representan nuevas oportunidades de negocio para los “mercados” que no son otros que los grupos de inversión y especulación financiera.

− El retraso de la edad de jubilación supone una mayor incertidumbre para miles de trabajadores. Y esta incertidumbre se traduce en mayores posibilidades de venta de planes de pensiones privados. Un importante negocio para los bancos y grupos de inversión que apenas está desarrollado en nuestro país precisamente gracias a la fortaleza del sistema público de pensiones.

− Los recortes en sanidad, educación y servicios sociales supondrán nuevas oportunidades para el sector privado así como para los bancos que financiarán este proceso de privatización de los servicios públicos. Y con este objetivo se explica su propuesta reformar la Constitución para limitar el gasto público exigiendo una eliminación del déficit público. Su aplicación a España significaría un obstáculo para la corrección de su enorme déficit social. Exigir limitaciones de tal gasto (en un contexto de escaso crecimiento y de reducción de impuestos) no es sólo un suicidio económico (pues se pierde la oportunidad de estimular la economía), sino también una condena a mantener subfinanciado el Estado del bienestar español. Algunos antecedentes que conviene recordar En Octubre del 2010 el Consejo Europeo, (formado por los jefes de Estado yGobierno de los 27 países que forman la UE) aprobó una reforma descafeinada del Tratado de Lisboa que significaba de hecho los principios generales de una importante reforma fiscal y económica desde la llegada del euro, en 1999.

El Consejo defraudó las expectativas de la Comisión y el BCE que querían un mecanismo de sanciones automáticas para los países que incumplieran el Pacto de Estabilidad. Lo que la Comisión y el BCE pretendían era establecer un mecanismo de sanciones Estado por Estado, endureciendo los procedimientos y propuestas para los desequilibrios que se consideran “excesivos”. El año pasado se habló incluso de que los 27 debían establecer sanciones para los países que mostrasen una deriva presupuestaria “poco saludable” aunque no hubieran superado los límites de déficit y deuda (establecidos en el 3% y el 60% del PIB, respectivamente). Lo que entonces no dijeron todavía es que figurara en las respectivas Constituciones de cada país las normas draconianas que entronizan una arbitraria relación de la DEUDA con el PIB, o la utilización del déficit presupuestario (que no es más que un instrumento más de política económica) a totem intocable del comportamiento económico, en lugar de atender a la

población, y satisfacer sus nececidades y sus derechos (como el empleo, la educación, la salud, la vivienda, etc.) como objetivos fundamentales de las políticas económicas.

Limitar por ley el gasto y la deuda es una aberración económica

Los déficits son necesarios y una herramienta “extra” en el ámbito económico. No pueden sostenerse indefinidamente, pero precisamente para combatir la crisis y los déficits crónicos es necesario que en determinadas fases del ciclo económico se incurra en déficits importantes. Y sin esa herramienta es más que evidente que no se podrá salir de la crisis. Y en economía como la española, que tiene un gran déficit social respecto a los países de nuestro entorno, los déficits presupuestarios serán imprescindibles incluso en etapas de bonanza. Las infraestructuras públicas, los servicios educativos y sanitarios (hospitales, colegios, universidades, centros de investigación…) y en general la inversión a largo plazo (necesaria no solo para el bienestar de los grupos de población de menos renta que no se podrían pagar los proporcionados por el mercado) no se pueden pagar al contado. Sin endeudamiento es muy probable que no se puedan crear y al no crearse se perderá empleo y riqueza en el futuro. Porque lo que pone de relieve el cinismo de la propuesta que hacen PP y PSOE es que limitar el endeudamiento del Estado para financiar la provisión de los bienes y servicios púbicos que se requieren para que haya suficiente y buena actividad económica y empleo, no va a evitar que haya más deuda. No la habrá pública pero sí privada como consecuencia de la financiación de los mercados, mucho menos eficiente además, y del mayor endeudamiento familiar como consecuencia de la pérdida de nivel de vida. ¿Cómo se puede pagar el déficit? Cuando el Estado tiene que gastar más de lo que ingresa necesita obtener el dinero de algún lado. Existen diferentes herramientas económicas para conseguir ese dinero, pero algunas han sido delegadas a instituciones independientes y de la Unión Europea (como la potestad de imprimir dinero, ahora dominio del Banco Central Europeo). Por lo tanto lo común es que el Estado se endeude en el mercado de deuda pública, donde pide prestado a los inversores financieros. Y estos inversores financieros son aquellos que tienen dinero de “sobra”, como los bancos y las grandes fortunas que hacen anualmente millones de beneficios y que cada vez pagan menos impuestos.

La paradoja emergió cuando los propios bancos culpables de la crisis y las grandes fortunas beneficiadas de las rebajas de impuestos en todo el mundo eran las que finalmente prestaban dinero al Estado para que éste enjugara los déficits que habían surgido por su culpa. En cualquier caso, es obvio que la deuda contraída deberá ser pagada de alguna forma, y en una situación en la que los gastos superan a los ingresos eso parece difícil. Por esa razón los economistas neoliberales –que son los que dominan las instituciones europeas y los que han asesorado a los distintos gobiernos españoles- proponen lo que se llaman “planes de ajuste”. Estos planes tienen como objetivo prioritario reducir el gasto público hasta el punto en el que se equilibran de nuevo los ingresos y gastos o incluso, si es posible, hasta que los ingresos vuelven a ser superiores a los gastos. Por eso se llaman “políticas de austeridad”. Lo que no contemplan estos economistas es la posibilidad de intervenir también por el lado de los ingresos, es decir, afrontando reformas en las políticas fiscales para exigir más sacrificios a las rentas altas y grandes fortunas. Las políticas de austeridad no funcionan El problema es que lo que parece muy intuitivo a nivel doméstico (por ejemplo de una familia) no lo es tanto para la economía en su conjunto. Es lo que en economía se llama “falacia de la composición” y que significa que aunque haya medidas que individualmente sean buenas en realidad si se aplican colectivamente pueden ser catastróficas. Por eso rebajar los gastos en un momento en el que los gastos superan a los ingresos puede ser fatal para la economía.

La razón es que el gasto público es un estimulante del crecimiento económico. Eso significa que si se rebaja el gasto público se reduce la capacidad de crecimiento económico de una economía, y eso conlleva que habrá menos beneficios empresariales y menos consumo. Aunque bajemos el gasto público lo que conseguiremos será deprimir la economía (que entrará en recesión) y por lo tanto también los ingresos públicos, lo que significa que la relación ingresos-gastos se mantendrá igual. O, lo que es lo mismo, tendremos los mismos problemas de deuda que antes de comenzar a rebajar el gasto pero, además de ello a una población que en conjunto será más pobre (porque verá cómo los servicios públicos se deterioran y se pierden puestos de trabajo y caen los salarios).

Se necesita más gasto público y debe ser más eficiente Durante la crisis los economistas neoliberales proponen medidas aparentemente orientadas a facilitar que las empresas creen empleo. Para eso reducen los tipos de interés y facilitan préstamos baratos a los bancos, siempre con el objetivo de promover que las empresas se endeuden para que inviertan (contratando trabajadores y mejorando la capacidad productiva). Pero sucede que en un contexto de crisis todas esas medidas no funcionan debido a lo que se llama “trampa de liquidez”, y que se explica porque las empresas no quieren invertir porque saben que nadie va a comprar sus productos. Y como no pueden vender, lo que hacen es despedir trabajadores, y dado que esos trabajadores son también los consumidores de los productos de otras empresas, al final la economía profundiza su crisis. Es decir, por más facilidades monetarias que se les dé a bancos y empresas no se saldrá de la crisis en ningún momento. Lo que se requiere es que el Estado empuje la economía a través del gasto público. Cuando el Estado gasta dinero en, por ejemplo, construir una carretera, lo que está haciendo es pagar sueldos a trabajadores que antes estaban en paro y pagar a empresas del sector que antes estaban desocupadas.

Eso pondrá dinero en la economía, ya que esos trabajadores gastarán ese dinero en otras empresas, y esas otras empresas contrataran más trabajadores que a su vez gastarán también el dinero en más consumo, y sucesivamente. Si el impulso inicial del gasto público está bien planificado y es suficientemente poderoso, puede salirse de la crisis. Y además eso permitirá que el Estado recaude mucho más y por lo tanto que sus ingresos crezcan. Ese crecimiento de los ingresos

reducirá la brecha con los gastos e incluso podrá conseguir que sean superiores.

¿Es excesivo el Gasto social en España?

En España se gasta mucho menos en su sector público de lo que debierapor su nivel de desarrollo económico.

− El PIB per capita de España es ya el 94% del promedio de la UE-15

− El gasto público social por habitante (que incluye gasto en pensiones, en sanidad, en educación, en servicios domiciliarios a personas con dependencia, en escuelas de infancia, en servicios sociales, en ayudas a las familias, en vivienda social, entre otros) es sólo el 74% del promedio de la UE-15. Si fuera el 94% (como debiera ser), nos gastaríamos 66.000 millones de euros más en nuestro Estado del bienestar de lo que nos gastamos ahora. El problema del sector público (del cual el mayor componente es el Estado del bienestar) no es que sea excesivo, sino que está poco desarrollado. España está a la cola de la Europa social (su gasto público social por habitante es el más bajo de la UE-15).

Como resultado de ello, sólo uno de cada diez españoles adultos trabaja en los servicios públicos (primordialmente en los servicios públicos del Estado del bienestar). En Suecia es uno de cada cuatro. Si en España fueran cuatro, se crearían casi cinco millones de puestos de trabajo, eliminándose el desempleo.

¿Por qué no se reparten los sacrificios frente a la crisis?

La crisis es consecuencia de la explosión de la burbuja financiera e inmobiliaria como resultado de una economía de casino basada en el fraude y estafa masivos. El colapso del sistema financiero se evitó gracias al rescate de bancos impulsado (y financiado) por los Estados. Han pasado ya varios años y los responsables de esta crisis siguen gozando de una inmunidad que resulta grosera para millones de trabajadores, pensionistas y jóvenes que han comprobado cómo la crisis se traducía en más desempleo, menos salarios, recorte de derechos socialaes y laborales, privatizaciones, etc. Afortunadamente hay excepciones, como Islandia

El discurso del PSOE y del PP es que hay que hacer reformas y sacrificios para afrontar la crisis.

− Aprobaron la reforma laboral (más temporalidad y más precariedad) porque el problema del desempleo era el “rígido” mercado laboral español. Sin embargo, con la reforma vigente desde hace meses, el paro sigue creciendo.

− Pensionazo. PSOE y PP impulsaron la reforma del sistema de pensiones para retrasar la edad de la jubilación para garantizar el futuro de las pensiones públicas. Olvidaron que el problema de nuestro sistema de pensiones no es el número de pensionistas sino el número de cotizantes. En un país con 5 millones de personas sin empleo y con un mercado laboral dominado (en el mejor de los casos) por mileuristas, los ingresos al sistema de pensiones son bajos. Tampoco adoptaron ninguna medida para garantizar mayores ingresos vía impuestos para consolidar un sistema que goza de superávit.

− Privatizaciones. El Gobierno del PSOE con el apoyo del PP impulsó nuevas privatizaciones, en este caso de los aeropuertos y Loterías. El Estado sigue vendiendo las joyas de la corona para reforzar su liquidez. ¿Qué venderemos cuando ya no tengamos nada? ¿Cómo conseguiremos liquidez si hemos vaciado la despensa del Estado? Sin embargo, no se adoptó ni una sola medida que supusiera un mayor sacrificio o esfuerzo para las rentas de capital o las grandes fortunas de este país. El Gobierno es fuerte con los débiles y débil con los fuertes. El peso de la crisis sólo se carga a las espaldas de los trabajadores, pensionistas o jóvenes. Los únicos impuestos que suben son los que pagamos todos al margen de nuestros ingresos (los indirectos).

No se adoptó ni una sola medida para impulsar un impuesto específico a los bancos y las grandes empresas, se mantiene un paraíso fiscal “made in Spain” a través de las SICAV en las que las grandes fortunas pagan menos impuestos, y un largo etcétera.

Los ingresos del Estado, lo que no dicen PSOE y PP

Los ingresos al Estado español son de los más bajos de la eurozona, representando sólo un 34% del PIB (el promedio de la UE-15 es un 44%, y en Suecia un 54%) y ello resultado de una política fiscal sumamente regresiva que favorece enormemente a las rentas superiores a costa de las rentas del trabajo (en las que se incluye a la mayoría de la ciudadanía). De ahí el bajo gasto público, incluyendo el social. Querer frenar este gasto significa, en la práctica, congelar (por mucho que lo nieguen los que proponen tal medida) cualquier corrección de este enorme déficit. El crecimiento económico sirvió para bajar los impuestos a los ricos

Los Gobiernos del PSOE y del PP aprovecharon la bonanza económica para beneficiar principalmente a los propietarios de capital y sobre todo a los del inmobiliario rebajándoles los impuestos. Basta recordar la célebre frase de Zapatero: “bajar los impuestos es de izquierdas”.

− Redujeron los tramos del impuesto sobre la renta y rebajaron los tipos impositivos (el porcentaje de impuestos) tanto del impuesto sobre la renta como de el de sociedades.

− Iniciaron un proceso de desgravaciones fiscales (también principalmente beneficiosas para los más ricos) que suponían que el Estado ingresara menos.

Aún así, y debido a que el gasto público no crecía suficiente para acercarse a los estándares del resto de países europeos, existía capacidad para ahorrar. Por eso la economía española ha tenido superávits en las cuentas públicas, es decir, ha gastado menos de lo que ingresaba. A pesar, como hemos dicho, de que la capacidad recaudatoria había disminuido.

¿Por qué un referéndum?

− Una medida de esta relevancia se pretende adoptar con premeditación y alevosía. En apenas unas horas se prentende realizar una reforma de la Constitución. La primera en nuestra historia democrática (tan sólo se reformó para incluir el derecho al voto pasivo de las personas de la U E residentes en España). Lo que no se ha hecho en 33 años se pretende hacer en menos de 30 días.

− Y todo ello sin permitir que la sociedad española se pronuncie. Una muestra más de la apuesta por la participación y la democracia tanto del PSOE y del PP. Pactan en los despachos hipotecar el futuro de las próximas generaciones.

− Es una medida afectaría muy negativamente al Estado del Bienestar español que está hoy financiado predominantemente a nivel de las Comunidades Autónomas.

− Limitar su gasto implica limitar el poco desarrollado Estado del Bienestar.

− Es escasamente democrático que una medida de tal envergadura se apruebe por las Cortes Españolas sin haber sido consultado el pueblo español.

− Esta medida puede significar un ataque frontal al Estado del Bienestar español que tiene uno de los gastos públicos sociales por habitante más bajos de la Unión Europea.

− Aunque se habla genéricamente de gasto público, la realidad es que este gasto constituye la mayoría del gasto público y los recortes que se han hecho han sido predominantemente en las pensiones y en el empleo de los servicios del Estado del Bienestar, tales como sanidad, educación, servicios domiciliarios, servicios sociales, vivienda social, pensiones de vejez y otras, así como otros componentes del Estado del Bienestar.

− La Constitución no exige que esta modificación sea aprobada por referéndum vinculante. Para que los ciudadanos seamos consultados sobre esta cuestión fundamental que va a afectar al resto de nuestras vidas es necesario que una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras lo solicite tras su aprobación en el Congreso y el Senado.

− Los ciudadanos debemos poder votar en un asunto tan fundamental como este. Pide a los Diputados y Senadores de todos los grupos políticos que se comprometan a solicitar la celebración del referéndum para su ratificación como permite la Constitución en su artículo 167.3

− Es muy importante que se movilice la población para que se exija que una medida de tal envergadura se vote en referéndum por la población española. Esta medida afectaría muy negativamente al Estado del Bienestar español que está hoy financiado predominantemente a nivel de las CCAA. Limitar su gasto implica limitar el poco desarrollado Estado del Bienestar.

Oviedo, 24 de agosto de 2011

El viernes 29 de julio del año 2011 se celebró el primer Pleno Ordinario de la legislatura actual. En este se pudo observar una continuidad del enfrentamiento partidista entre socialistas y populares, como ya sucedió en las elecciones pasadas y días precedentes, donde ambos tenían unas inusitadas ansias de poder, sin importarles demasiado los graves problemas que nuestro pueblo tiene.

En este pleno IU-Miraflores, a pesar de haber realizado un pacto de gobernabilidad con el PSOE, tenía intención de aclarar importantes cuestiones que habían sucedido en los pocos días de gobierno de los socialistas, ya que seguimos creyendo que se ha vulnerado este pacto firmado el 20 de junio de 2011, dos días antes de la celebración de las elecciones.

Por otro lado, también se pudo observar a un partido político (o apolítico), que también pacto con el PSOE, que pasó prácticamente desapercibido, a no ser únicamente por las votaciones, que por cierto todas fueron abstenciones. IU-Miraflores se pregunta ¿si esta actitud de Independientes es por bisoñez o simplemente por una total falta de ideas? Esperemos que esta pregunta sea respondida a lo largo de esta legislatura, ya que todos somos necesarios para poder sacar de la crisis económica al ayuntamiento.

Finalmente, IU-Miraflores no permitirá el acoso y derribo que pretende el partido popular al equipo gobernante, de tal forma que intentaremos debates fructíferos de cuestiones importantes para nuestros vecinos. Por lo que el partido popular, ahora en la oposición y con experiencia de gobierno en minoría, más vale que se remangara y colaborara en presentar soluciones a todos los vecinos, en vez de buscar un enfrentamiento ventajoso para sus exclusivos intereses.

Para una mejor comprensión resumiremos lo sucedido en este pleno celebrado el día 29 de julio según los puntos del día:

1) Aprobación de las actas anteriores.

Este punto fue trasladado al siguiente pleno, ya que según el Vicesecretario, no han podido ser aun redactadas por diversas cuestiones.

2) Renovación de los cargos de vocales miembros del Consejo del patronato de la residencia de personas Mayores “Perpetuo Socorro de Miraflores de la Sierra” en representación del Pleno Corporativo.

Este punto tenía una propuesta claramente marcada por los estatutos del Patronato, en los cuales se define que los representantes serán elegidos por una regla de proporcionalidad, de tal forma que además del alcalde y de la concejala de asuntos sociales, se propusieron una concejala del PSOE y dos del PP.

IU-Miraflores piensa, que estos estatutos no dan cabida a todas las sensibilidades que en la actualidad tienen representación política en nuestro municipio, ya que, como es evidente, sólo dan cabida a dos de los cuatro grupos existentes. No obstante, IU-Miraflores no se opuso a la formación de este Consejo, ya que si no se formará se podría causar diferentes problemas a uno de los grupos sociales más sensibles de nuestro pueblo. Por ello nuestro voto fue la abstención.

Independientes en una línea similar a la de IU también se abstuvo.

El equipo de gobierno nos informó que próximamente se empezará a trabajar en el cambio de estos estatutos para dar cabida a todos en este órgano.

Al PP, claramente no le gustó nada esta explicación del equipo de gobierno del cambio de estatutos. Pero estaba de acuerdo con la propuesta por lo que dio su voto afirmativo. Sin embargo, posteriormente y sin ningún tipo de explicación, el portavoz de los populares se enredó en la importancia de la constitución del Consejo, alegando que habían sucedido algún incidente en la residencia. Esta disquisición fue, de tal forma, que parecía más una pregunta que una aclaración de la posición de lo que se estaba aprobando, a lo que se recomendó por parte del portavoz de IU, que si tenía alguna pregunta sobre el incidente al que se refería, se realizará en su correspondiente turno de preguntas. Esto supuso la primera trifulca del pleno, aunque quedarían muchas más, ya que la actitud del PP fue, como se ha comentado, de acoso y derribo.

Finalmente, la votación se llevó a cabo con dos abstenciones (IU y IxM) y once votos afirmativos PP y PSOE.

3) Reconocimiento extrajudicial de créditos.

En este punto se debía aprobar aquellas facturas no aprobadas en su momento. Este punto fue aprobado por todos los grupos políticos.

4) Moción del grupo de IU-Los Verdes sobre las instrucciones dictadas por la Viceconsejería de educación de la Comunidad de Madrid de fecha 4 de julio de 2011 para poner en marcha el Curso escolar 2011-2012.

(Ver moción en nuestra página web). Con ello se pretendía que el pleno de nuestro ayuntamiento se posicionará sobre el enésimo ataque que el gobierno de la Comunidad de Madrid está realizando a la educación pública madrileña. Este ataque consiste en prescindir de 3.500 profesores y en la eliminación de los planes de extensión y mejora. Como es evidente, esto supondrá una sustancial merma en la calidad de la educación de titularidad y gestión pública, entre los deterioros que se producirán podemos destacar: se eliminarán las horas dedicadas por lo docentes a otras funciones (desdobles, refuerzos, coordinaciones específicas de bilingüismo, coordinación TIC); estarán obligados a impartir materias que no son de su especialidad (con mayor profusión en la pseudosecundaria establecida en el Colegio Público de nuestra localidad); si el docente es interino y su contrato finaliza en junio como se evaluará a los alumnos de secundaria en septiembre; supondrá severas dificultades a muchas familias pues no podrán conciliar su vida familiar y laboral; no se podrá abrir los IES por la tarde; etc. Sin embargo, la Comunidad de Madrid presenta a bombo y platillo una cortina de humo con centros educativos de excelencia para unos pocos alumnos aventajados.

A esta moción IxM apenas dio explicaciones de su abstención alegando su apolitismo. Sin embargo, desde IU le recordamos que la educación de nuestros hijos depende de estas decisiones en el ámbito político y alguna opinión debería de tener.

El PP como era de esperar, con la única intención de defender las políticas de su jefa, comentó que estaba totalmente de acuerdo con cualquier decisión de Esperanza Aguirre y su consejería de educación, citando que la Comunidad de Madrid era una de las Comunidades Autónomas que mejores resultados daban en el ámbito nacional. A esto IU contestó que siendo esto verdad, si se analizan con más detalle estas encuestas, se observa que los mejores resultados son los centros de titularidad y gestión pública: Estos mismos centros que sistemáticamente se les ataca desde la consejería de educación desde el gobierno de Dª Esperanza, en vez de reforzarlos para que en las otras encuestas comparativas quedemos en mejor posición que la estamos con respecto a Europa. Por otro defendían la libertad de elección, la libertad que se alega desde la derecha, puesto que la libertad de ellos se encuentra en el desembolso económico en diferentes conceptos que se dan a colegios, que ya tienen millonarias subvenciones, es decir, tiene el sueño de una sociedad con ciudadanos de primera, los que han podido pagar su educación, y unos ciudadanos de segunda, los que por razones económicas no han podido tener una educación de la misma calidad. Evidentemente los populares votaron en contra de la moción.

El equipo de gobierno argumentó que compartía la moción de IU, ya que no daba ninguna confianza a las políticas educativas del gobierno Aguirre.

Finalmente la moción fue aprobada por el voto de calidad del alcalde, pues fueron 6 votos a favor (PSOE e IU), 6 votos en contra (PP) y una abstención (IxM).

5) Moción del grupo IU- Los Verdes sobre el cumplimiento de la Ley 52/2007 de 26 de diciembre por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura

(Ver moción en nuestra página web). La pretensión de esta moción es el cumplimiento de la legislación vigente, aunque sabíamos que la derecha de nuestro pueblo no pretende hacer cumplir la ley y que se iba a polemizar fuertemente. No obstante, hay que recordar que este tipo de propuesta no es la primera vez que es presentada por IU, ya que en la anterior legislatura fue planteada en dos ocasiones más (2007 y 2010). Y también recordaremos que en la última propuesta de esta índole hubo un compromiso por parte del anterior alcalde en cumplir la legalidad vigente en esta materia, cosa que evidentemente después del tiempo pasado que no tenía ninguna intención de hacer cumplir.

En este sentido, IU-Miraflores tan sólo proponía el cambio de las calles de perniciosos personajes que no representan en nada a nuestro pueblo como son: José Antonio, Sanjurjo y Calvo Sotelo; proponiendo el nombre de personajes que han visitado o veraneado en nuestro pueblo, como son tres presidentes de gobiernos democráticos: Manuel Azaña, Niceto Alcalá Zamora y Felipe González. Además estos nombres propuestos no fueron elegidos por IU de forma arbitraria, ya que el mismo portavoz del PP y anterior alcalde, se jactaba de la presencia de tan insignes personajes en nuestro pueblo cuando se inauguró el busto de Vicente Alexander en la Plaza del Álamo.

El portavoz de IxM comentó que la ley está para cumplirla, aunque no eran partidarios de abrir antiguas heridas. Sin embargo, sorpresivamente, en la votación se abstuvo, pues es innegable, que después de expuesto, no pretenden cumplir la ley que ellos dicen cumplir. Por ello, desde IU le debemos recordar aquel lema de hace tiempo: “Dura lex, est la lex”, que seguro que los IxM sabrán de quién es su artífice.

Como esperábamos el grupo popular ante la moción se pusieron muy nerviosos e incluso violentos. Ante esta actitud parece que no han asumido el sistema democrático, que ya hace más de 30 años nos rige, ya que todavía se agarran a sus antiguos héroes (héroes que hay que recordarles que se rebelaron a un sistema democrático muy similar al que actualmente tenemos). Por ello se generó un agrio debate entre el grupo popular y el grupo de Izquierda Unida, en el cual, el portavoz popular recordó que dos de estos personajes fueron elegidos democráticamente, aunque se le olvido el apoyo, por activa o por pasiva, al golpe militar que supuso la matanza entre hermanos. En respuesta el portavoz de IU les recordó que también en la actualidad los representantes de Bildu han sido elegidos democráticamente, y sin embargo hay que recordar la alocución de los populares el día de la investidura del actual alcalde. Afortunadamente el Alcalde presidente hizo que este debate se parará.

Por último, el equipo de gobierno socialista propuso que le parecía bien la propuesta, pero que les parecía que era mejor restituir el antiguo nombre que ostentaban estas calles. Propuesta que el grupo de IU asumió, siempre y cuando se realizará de una vez por todas.

Finalmente la moción fue aprobada por el voto de calidad del alcalde, pues fueron 6 votos a favor (PSOE e IU), 6 votos en contra (PP) y una abstención (IxM).

6) Mociones de urgencia

No hubo ninguna moción de urgencia.

7) Ruegos

IU y IxM no realizó ningún ruego. PP realizó dos:

Ruego sobre el programa electoral. Desde IU, pensamos, que esto retrató de una forma más que evidente la actitud de oposición que van a llevar a cabo el grupo popular, es decir, la confrontación y poner palos en las ruedas para buscar su interés partidista, sin importarles los problemas de los vecinos de nuestro pueblo. Pues no creemos que sea muy normal que se pregunté ¿cual es el programa electoral del tripartito de izquierdas?, puesto que cada partido llevó su propio programa electoral.

Lo que es evidente, es que el monopartido de derechas no sabe ejercer el sistema democrático, tal y como está constituido, puesto que deberían de saber lo que es un pacto de gobierno y un pacto de gobernabilidad, que es lo que ha realizado IU y PSOE. Además esta pregunta es de estar poco informado, ya que tanto PSOE como nosotros publicamos en nuestras respectivas web veintitantos puntos negociados y pactados por ambos. Indudablemente se le contestó que el programa fundamental sería el del partido gobernante, pero con un importante enfoque hacia estos puntos pactados. En fin, si tanto interés tienen para enterarse, estamos dispuestos a reunirnos con los populares para explicarles en que consiste un pacto de gobernabilidad.

b) Derecho de información de los partidos políticos. En este punto el partido popular trató de la poca accesibilidad que los partidos políticos y concejales tienen para poder adquirir la información, puesto que han tenido dificultades para conseguir la información, además de darse órdenes para que los trabajadores del ayuntamiento no atiendan a los representantes políticos de la oposición. Esto era totalmente corroborado por una carta que nos hicieron llegar a los concejales por parte del Alcalde, en la que nos anunciaban que la información tan sólo se podrá realizar a través del registro.

En esta ocasión, IU-Miraflores, estuvo en total consonancia con el ruego de populares, además en el turno de preguntas también IU sacó el mismo tema.

8) Preguntas

IU-Miraflores propuso las siguientes preguntas:

a) Sobre la situación de la recogida de basura en nuestro municipio

El fondo de la cuestión era la escasez tanto de contenedores como la gran cantidad de ellos que están estropeados, ya que, desde nuestra perspectiva, desde que la empresa gestora tiene este servicio, los problemas no se llegan a solucionar. En este sentido, ¿qué tiene previsto el gobierno para la solución de este mal que empieza a ser endémico?

El Alcalde informó que estaban teniendo diferentes reuniones con la empresa para intentar solucionar esta problemática. Adicionalmente también se pretendía comprar por parte del ayuntamiento los contenedores (1.200 €, cada uno) que habían sido destruidos por actos vandálicos.

En esto uno de los concejales del partido popular preguntó ¿cuál era la partida presupuestaria que respondía a esta intención?, es decir, parece que a los populares no les gusta que se intente solucionar los problemas vecinales.

b) Sobre el informe económico realizado

El pasado día 22 de julio se nos hizo llegar un informe económico de la situación actual del ayuntamiento, en el cual tenemos diferentes dudas, pero que no eran cuestión de la pregunta. Puesto que desde IU pensamos, que este informe era demasiado precipitado en su divulgación pública, puesto que ha pasado poco tiempo para que el equipo de gobierno se enterara y adicionalmente somos conscientes que la transferencia de poderes no ha sido de forma adecuada.

No obstante, nos consta que el pacto entre PSOE y IxM tenía una serie de fechas limitantes (en este caso 14 de julio), por lo que creemos que esta precipitación es consecuencia de querer hacer cumplir este pacto. Sin embargo, pensamos que es más importante hacerlo bien, aunque se tarde algo más de tiempo, pues las precipitaciones pueden tener efectos negativos. Esperemos que esta precipitación no se vuelva a repetir.

Por ello se preguntó ¿Cuándo se prevé informar de la situación económica a todos los grupos en un pleno, que es donde se debe de dar explicaciones a todos los vecinos?

A esto la concejala de hacienda nos informó que se realizaría el pleno lo antes posible con el técnico competente para aportar todas las explicaciones que sean planteadas, aunque no se concretó la fecha.

c) Sobre transparencia

Esta pregunta era muy similar a uno de los ruegos del grupo popular. Ya que en días pasados sucedieron importantes problemas como consecuencia de decisiones del ayuntamiento, por lo cual diversos grupos políticos intentaron adquirir la información y las razones de estas decisiones. Sin embargo, toda esta información o explicación fue negada por parte del equipo de gobierno, mandando a los empleados del ayuntamiento que no atendieran a los concejales de la oposición o a representantes de los partidos políticos. Además pensamos que la forma de dar los decretos de alcaldía unos momentos antes del pleno, no es una forma adecuada para que la oposición pueda hacer su trabajo, por lo que IU ha solicitado por registro que estos decretos sean dados a los concejales al menos una vez al mes, independientemente que haya pleno o no.

Por otro lado, ha habido diferentes contrataciones, en las cuales han sido invitados IxM e IU, pero no el PP ni el representante de los trabajadores, por lo que esto debería de solucionarse para que la claridad del ejecutivo sea la máxima posible.

Por ello se preguntó ¿Si tiene el equipo de gobierno la intención de mejorar la entrega de información a todos los grupos políticos y a cualquier ciudadano que lo solicite?

A esto nos informaron que se intentaría mejorar, pero sin dar una respuesta concreta. Aun estamos esperando cuales son las mejoras en este tema, lo que es evidente que es imposible poder trabajar en estas condiciones.

d) Sobre el despido o cese del Cabo de la Policía Local el día 1 de julio de 2011

Esta pregunta es una de las más importantes que IU presentaba, ya que desde este partido político se piensa que se ha vulnerado gravemente el pacto de gobernabilidad entre el PSOE e IU, tanto en el segundo punto (“Ningún despido de empelados sin justificar”) como el punto 11 referente a la participación ciudadana, ya que se realizó un cerrojazo informativo sobre las razones del cese de este empleado, para después emitir únicamente un informe de secretaria que no daba las verdaderas razones de tal decisión. Adicionalmente diversos componentes del gobierno echaron cortinas de humo diciendo que había sobradas razones de no informar por estar en juzgados y cosas similares, que evidentemente no son creíbles ¿Por ello se le pidieron las razones?

El equipo de gobierno, en sus trece, no nos dio las razones solicitadas, aunque sí el Alcalde invitó a que cualquier vecino fuera a su despacho para mostrarle estas razones. Razones que desde luego no se dieron en el pleno. Ante las derivas que los concejales del gobierno presentaban, finalmente la teniente de alcalde zanjó la pregunta que no iba a ser contestada.

Desde IU pensamos que esta no es la mejor forma de comenzar un gobierno de izquierdas, donde una de las herramientas fundamentales es la claridad de cualquier decisión que tome el gobierno, aunque esta sea equivocada. Por ello aun esperamos las explicaciones a nuestro grupo político sobre estas razones.

Finalmente el pleno se encaminó a las preguntas de IxM, que no realizó ninguna.

Y finalmente las preguntas del Partido Popular, que como se observará, algunas de ellas eran similares a las realizadas por IU. Su resumen es:

• Sobre los criterios de selección de personal. En la que se quejaban de no haber sido invitados a las contrataciones y en la IU estamos totalmente de acuerdo.
• Criterios sobre los veladores. Esto es de la problemática surgida entre dos establecimientos, a lo que el Alcalde respondió que se aplicó la ordenanza, pues ambos tienen el ancho de sus fachadas, pero que el espacio localizado después de cruzar la calle es el 50% para cada uno. En este punto IU esta totalmente de acuerdo con la decisión del equipo de gobierno actual, pues no nos parece que un ciudadano este sin ningún tipo de contestación durante cuatro años. Además no nos parece que nadie tenga más derecho que otros, a pesar de que esté en el pueblo más tiempo, ya que todos tenemos los mismos derechos y obligaciones. Creemos que este punto no debería haberse hecho esta pregunta de interés particular en el pleno, ya que los partidos políticos debemos defender los intereses generales, a no ser que el PP defienda a los suyos como eso parece.
• Sobre la revista: En el cual se preguntaba del ahorro de 3.000 € del coste de la revista de Fiestas. A lo que se contestó que se cogió la oferta más económica.
• Sobre el Informe económico: Aquí el PP lo único que defendió fue la gestión que anteriormente realizó, diciendo que el informe publicado no respondía a la verdad. Sin embargo, entre PP y PSOE se enzarzaron en una discusión bizantina, en la que la única conclusión que IU sacó fue que el único responsable de la situación de las cuentas era el técnico municipal, como si no tuvieran responsabilidad ni populares ni socialistas. Desde IU pensamos que este tema no debe de terminar en un debate infructífero como sucedió, sino que todos deberíamos trabajar para solucionar la fuerte deuda a proveedores, ya que queremos recordar que nos eligieron para dar soluciones y no para crearlos. No obstante, pensamos que este espectáculo se volverá a repetir en numerosas ocasiones y sobre todo en el pleno extraordinario sobre la situación económica de las arcas municipales que solicito tanto PP como IU.