1. Derogación inmediata de los acuerdos del Estado español con el Vaticano
2. Asignatura de religión fuera del horario lectivo
3. Ninguna simbología religiosa con presencia institucional en los centros escolares. 

Significado de laicismo

El laicismo responde al derecho que tiene toda persona a ejercer la libertad de pensamiento y de conciencia, a no ser marcada, ni discriminada en función de las ideas que sostenga. Supone la separación real entre el Estado -que representa a toda la población- y las confesiones religiosas u otras doctrinas ideológicas o filosóficas. El laicismo, al tiempo que garantiza la libertad de culto, impide que las distintas iglesias ocupen espacios y obtengan privilegios que no les corresponden, al no responder sus objetivos al interés del conjunto de la sociedad, sino sólo al de un grupo de personas que comparte las mismas creencias.

En una sociedad laica caben todos (creyentes y no creyentes), y los poderes públicos protegen y amparan la libertad religiosa y los distintos credos y filosofías que se han ido desarrollando a lo largo de la historia. Sin embargo, sectores que gozan de fuertes privilegios y que proceden de la etapa predemocrática, en la que el Estado era oficialmente católico, tratan de confundir -interesadamente- a la opinión pública, al relacionar el laicismo con la falta de valores y el anticlericalismo, cuestión que es radicalmente falsa.

Escuela Laica

En la escuela deben sentirse cómodos todo el alumnado, sus familias y el profesorado. Los centros han de educar sin dogmas, ni verdades únicas y excluyentes, en valores humanistas, científicos y universales, en la pluralidad, en el respeto a los derechos humanos, en la asunción de la diferencia y de la diversidad, en los valores éticos, no sexistas y democráticos que son comunes a todos y a todas. La escuela no ha de ser un lugar de exclusión. Niños y niñas no deben ser segregados en función de las creencias o convicciones de sus familias. No podemos aceptar que se obligue a quienes no quieren recibir enseñanzas de religión a estar separados de su clase y a adaptarse al horario y exigencias de quienes desean seguir imponiendo esas enseñanzas en el horario lectivo. La religión debe salir del horario lectivo obligatorio, para respetar los derechos de toda la comunidad educativa y para que no se interrumpa el normal funcionamiento de la organización de los centros educativos. Una apuesta decidida por la escuela pública, democrática y laica, por parte de la sociedad y de los poderes públicos, es una garantía para avanzar hacia un modelo educativo integral, preventivo, compensador de desigualdades y que eduque en la diversidad cultural y para la convivencia.

¿Qué dice la LOE y su desarrollo, ante la cuestión religiosa?

La Ley Orgánica de Educación (LOE), amparándose en unos Acuerdos con la Santa Sede de dudosa constitucionalidad y legitimidad, impone, como en normas anteriores, la religión católica, que será de oferta obligatoria para los centros y de carácter voluntario para el alumnado, y que la enseñanza de otras religiones se ajustará a lo dispuesto en los acuerdos suscritos con diferentes confesiones religiosas. Los decretos que desarrollan la LOE obligan al alumnado que no quiere cursar religión a permanecer en el centro educativo, y a éste a gestionar “la debida atención educativa”. Estos decretos exigen a los padres declarar sobre sus creencias religiosas en la matriculación de sus hijos e hijas, vulnerando gravemente aspectos fundamentales de la Constitución Española y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La voluntad de quienes desean dar religión genera unas obligaciones injustas, de dudosa constitucionalidad, y poco éticas para el resto, hecho que rechazamos rotundamente. Establece que las personas que imparten religión serán contratadas por la Administración conforme al Estatuto de los Trabajadores, por lo que se consolidan sus derechos laborales, como consecuencia de una materia que no debería estar presente en la escuela. Sin embargo, el sistema de contratación de estas personas es arbitrario -son designados por la jerarquía católica-, lo que origina irregularidad administrativa y un agravio comparativo con el profesorado, cuyo acceso a la función docente se realiza bajo los principios de mérito y capacidad.