El gobierno del PSOE presentó el pasado 28 de julio de 2006 la conocida como Ley de Memoria Histórica. Desgraciadamente, el proyecto de ley supone una propuesta sin vocación de dar justicia a los hombres y las mujeres que construyeron nuestra primera democracia y que la defendieron de forma ejemplar, muchas veces con sus vidas, con años de cárcel, exilio, miseria y represión

Curiosamente el Gobierno socialista rechaza ahora incluir en su proyecto, por ejemplo, la anulación de los juicios franquistas, una medida que hace sólo tres años, cuando estaban en la oposición, reclamaban en el Congreso al Gobierno del PP. Es una lástima que, una vez más, el gobierno del PSOE decepcione profundamente a la izquierda española por miedo al enfrentamiento con el PP y los medios de comunicación de la derecha.

Una Ley de la Memoria Histórica es necesaria y urgente. Por un lado, el tiempo no perdona y cada día que pasa son más las víctimas y represaliados que no llegan finalmente a ver reparada la infamia que se cometió con ellos. Por otro lado, asistimos estupefactos a un burdo revisionismo histórico, por el cual presuntos historiadores intentan dar la vuelta a la tortilla y presentar a los defensores de la legalidad vigente en la II República como los instigadores y culpables de la Guerra Civil.

El Proyecto de Ley tendrá que pasar el trámite parlamentario, durante el cual IU exigirá al gobierno la modificación sustancial de la Ley. Es necesario hacer justicia a las personas que fueron asesinadas, perseguidas y encarceladas por sus ideas tras el golpe militar del general Francisco Franco que terminó con el primer periodo democrático que ha tenido España en su historia. Para ello es necesaria una ley que repare (y no equipare) a los hombres y mujeres que defendieron la democracia republicana contra la sublevación del general Franco. Una ley que al menos:

1. Incluya la condena al régimen franquista.

2. Anule los sumarios franquistas, que llevaron a ser fusilados y encarcelados a decenas de miles de defensores de la democracia que fueron juzgados por tribunales ilegales.

3. Trate por igual a todas las víctimas del franquismo y no indemnice solamente a las asesinadas con posterioridad al 1 de enero de 1968.

4. Asuma las obligaciones en Derechos Humanos para la búsqueda de desaparecidos y no delegue la garantía de los derechos humanos en colectivos de voluntarios.

5. Promueva la creación de una oficina de atención a las personas represaliadas por el franquismo, o sus familias.

6. Realice un seguimiento  de todo el proceso de la recuperación de la memoria histórica, así como divulgación de los trabajos al respecto.

7. Constituya una Comisión de la Verdad que reúna toda la información de archivos y testigos.

8. Establezca la obligatoriedad para todas las administraciones de retirar menciones o signos de exaltación de la dictadura franquista o de personas vinculadas a la misma de todos los ámbitos públicos de su titularidad tales como monumentos, calles, plazas, edificios, etc.

9. Inste a las instituciones privadas, especialmente a aquellas que perciban fondos  públicos, a lo establecido en el párrafo anterior en bienes o ámbitos de su titularidad.

10. Instale en el Valle de los Caídos una exposición permanente que cuente quién, cómo, cuándo y por qué fue construido.

11. Cuide, preserve y señalice los lugares en los que ocurrieron hechos significativos de la represión franquista.

12. Reconozca el derecho a la restitución o indemnización de bienes incautados, durante la guerra o la dictadura.