En fechas próximas al 20N, partidos políticos como Democracia Nacional, Falange (varios partidos), diversos grupos neonazis, etc., “calentaron el ambiente” convocando concentraciones y manifestaciones. En una de ellas, un fascista miembro o simpatizante de un partido legal, Democracia Nacional, asesinó a puñaladas a Carlos, un joven de 16 años e hirió gravemente a otros 3. La respuesta de la Justicia y los órganos del Estado fue la detención del asesino, al que se puso a disposición de un juez de un juzgado “normal”.

Los representantes del PSOE condenaron los hechos, pero le restaron importancia, diciendo que los partidos de ultraderecha tan solo reunieron unos pocos miles de votos en las pasadas elecciones. El PP calló o salió del paso con condenas tibias.

La actuación de las grandes máquinas de generación de opinión, como las cadenas de radio, las televisiones y los periódicos de tirada nacional, fue más elocuente y esclarecedora. Los medios de comunicación privados (y alguno público como Telemadrid) afines a los dos grandes partidos políticos, lanzaron machaconamente y durante días la idea de que aquel asesinato y todas las acciones violentas de estos grupos fascistas y neonazis, no son más que “peleas de tribus urbanas”, “peleas entre extremistas”, etc… generando y extendiendo la opinión de que estos partidos y grupos son una preocupación menor, una especie de “grano” molesto, pero nada más.

Unos días después fueron detenidos en el País Vasco y Navarra un grupo de jóvenes acusados de pertenecer a grupos organizados que realizan actos de violencia callejera. Fueron puestos a disposición de la justicia y conducidos a la Audiencia Nacional.

Por su parte, los partidos políticos mayoritarios, PP y PSOE, se apresuraron a salir en sus medios de comunicación afines para afirmar que hay que reprimir a estos grupos con la mayor dureza. El PP incluso fue más allá y pidió la ilegalización de ANV y el PCTV y de todo aquel que no condenara la violencia. El PSOE en un principio titubeó pero al final se va sumando a la idea que impone el PP, advirtiendo ya que la no condena de la violencia es causa de ilegalización de ANV.

Todo esto pone de manifiesto bien a las claras que los grandes partidos nacionales PP y PSOE y sus grupos mediáticos, utilizan una intolerable doble vara de medir hechos semejantes.

Los grupos de “kale borroka” queman cajeros automáticos, autobuses, destrozan mobiliario urbano… Hechos por los que deben ser juzgados. Para PP y PSOE merecen el tratamiento de terroristas y por tanto son juzgados por delitos de terrorismo en la Audiencia Nacional. Este es un hecho significativo y relevante, ya que demuestra el interés que tienen  los órganos del Estado para reprimir estas actividades.

Por su parte los grupos fascistas y neonazis apalean inmigrantes, homosexuales, mendigos, fomentan el odio racial, la intolerancia, la violencia y recientemente han matado a un chaval de 16 años y han apuñalado a otros más. Ninguno de estos delitos se juzga en la Audiencia Nacional, si acaso en tribunales normales cuando “se les va de las manos”. Es más, actúan libremente, se reúnen sin problemas, cuentan con numerosas páginas Web donde lanzan alientan y promueven la violencia. Ni para el PP ni PSOE, ni  sus medios de comunicación afines, las organizaciones fascistas merecen el calificativo de terroristas.

Según la Ley de partidos políticos aprobada y defendida por PP y PSOE, la no condena de la violencia es causa de ilegalización de organizaciones políticas, como ya se hizo con Batasuna y como ahora quieren hacer con otros partidos políticos, como ANV. Por su parte los partidos de la ultraderecha, no solo no condenan la violencia, sino que es una de sus señas de identidad, la fomentan abiertamente y la practican siempre que pueden. Recordemos por ejemplo los disturbios que vienen protagonizando, el gran número de agresiones que se están incrementando y la gravedad de algunas de ellas: hace pocos meses un inmigrante tetrapléjico, consecuencia de una paliza por el simple hecho de ser negro; un joven asesinado hace pocos días, varios más heridos… y esto solo repasando los casos más recientes. Estas evidencias objetivas no parecen motivo suficiente para que PP y PSOE impulsen su ilegalización, para que sean perseguidos por la policía y para que sean juzgados en la Audiencia Nacional por Terrorismo.

En definitiva los mismos delitos se persiguen y juzgan de manera diferente. El PSOE en el Gobierno no actúa y el PP, unos días después del asesinato de Carlos, asistió a una manifestación de la AVT a la que también acudieron Democracia Nacional (partido político legal del que es “simpatizante” el asesino de Carlos), de las “Falanges” y demás partidos antidemócratas y violentos…

Analizando estos hechos hay que preguntarse ¿por qué las actividades violentas de unos grupos y partidos políticos merecen un tratamiento judicial, político y de los medios de comunicación diferente a las mismas actividades de otros grupos y partidos políticos?

Porque existe una doble vara de medir, radicalmente incompatible con un estado social y democrático de derecho.