En los últimos años estamos asistiendo a un alarmante e intolerable proceso de saqueo de los bienes públicos perpetrado para el beneficio y lucro de unos pocos relacionados con el “mundo del ladrillo”. Bien conocidos son los casos de Marbella, Andratx, Ciempozuelos, Telde, etc., además de otros no menos graves aunque no hayan tenido relevancia en los medios de comunicación. Todos los recordamos y algunos no están lejos de nosotros.

Este saqueo se hace en muchos casos con la connivencia y colaboración de representantes públicos, personas a las que, en muchos casos, la ciudadanía eligió seguramente para que desarrollaran otra política. Ante esta situación los partidos políticos mayoritarios actúan de manera sorprendentemente parecida. En lugar de expulsar a los autores de las tropelías y articular medidas para que no vuelvan a ocurrir hechos similares, o bien miran para otro lado (si el caso es de regidores o concejales de su partido) o bien juegan al “y tú más” echándose en cara -o aireando en sus “medios de comunicación”- los casos del rival.

Así se construyen más y más viviendas pero, paradójicamnente y en contra de la sacro-santa ley del mercado, a precios inalcanzables para millones de ciudadanos y trabajadores, a los que se condena a la servidumbre de interminables deudas, las hipotecas que suministra el principal actor del saqueo: la Banca.

Y todo esto se hace diciéndonos que es por el bien de la economía nacional. Pero no nos dejemos engañar, el urbanismo desatado ni es motor de la economía ni fuente de riqueza pública, sino todo lo contrario, porque los inmensos beneficios de los especuladores se asientan inevitablemente en la miseria de la inmensa mayoría de la población trabajadora y en la deuda casi de por vida que hay que contraer con los usureros: los explotadores de hoy día.

Para cambiar esta situación, desde IU planteamos la gestión íntegramente pública del urbanismo y la participación ciudadana, único camino posible para matar la gallina de los huevos de oro de los especuladores. Por ejemplo suprimiendo nefastas figuras como los “agentes urbanizadores” y los “convenios urbanísticos”, que dejan en manos de gestores públicos al margen del control democrático y especuladores privados, la negociación de asuntos de interés general tan trascendentales para el bienestar social como el urbanismo y la ordenación del territorio. Recordemos que en estos convenios urbanísticos empezó su “carrera” ¿política? Eduardo Tamayo, aquel diputado regional del PSOE que recordaréis, el del “Tamayazo” o mejor dicho el del golpe de estado vía billetera-ladrillo, que se gestó hace casi 4 años en la Asamblea de la Comunidad Autónoma de Madrid para evitar que gobernara la izquierda.

En lo que a nosotros nos afecta y ante las próximas elecciones autonómicas y, en particular las municipales, hacemos un llamamiento a la memoria, a la reflexión y a la rebeldía de la ciudadanía. A la memoria para que recordemos los hechos, el talante y las actuaciones de todos: lo que ha hecho el partido que gobierna y sus representantes, cómo lo han hecho y su talante a la hora de gestionar los bienes públicos; también la actitud del partido que está en la oposición, ese al que todo le vale para ganar el sillón y el cajón (no perdamos de vista lo que hacen en política regional y nacional). Un llamamiento a la reflexión para que todos analicemos la nefasta situación actual y el negro futuro que nos quieren imponer unos pocos especuladores para su enriquecimiento personal. Y finalmente una llamada a la rebeldía de la mayoría para impedir el saqueo de los bienes naturales y culturales que son de todos y en definitiva para luchar por un futuro mejor para todos.

Porque otra política es posible y necesaria, la Asamblea de Izquierda Unida de Miraflores de la Sierra apuesta decididamente por el control ciudadano y democrático de la gestión de la economía y de los bienes que a todos nos pertenecen, como el suelo público y el entorno natural y el patrimonio cultural. Y porque otro modelo de pueblo es posible, creemos necesaria una política basada en el bien común, en el equilibrio territorial y en el desarrollo sostenible. Y todo esto pensamos que se puede y se debe hacer al mismo tiempo que hacemos efectivo un derecho fundamental proclamado y amparado en el artículo 47 de la mismísima Constitución como es el derecho a una vivienda digna para todos. Ésta, aunque frecuentemente ignorada, es una obligación de todos los poderes públicos, incluido el municipal. Desde el Ayuntamiento se puede hacer más, por ejemplo adoptar medidas que garanticen la persistencia de suelo público (Patrimonio Municipal de Suelo) y que los rendimientos de sus operaciones urbanísticas se destinen íntegramente a vivienda social pública y no al lucro de unos pocos.

En definitiva, desde la Asamblea de Izquierda Unida de Miraflores de la Sierra pensamos que para presentarse a unas elecciones es imprescindible un fuerte compromiso Ético por parte de los candidatos y futuros representantes electos, algo que desgraciadamente en los tiempos que corren parece que no abunda. Además hay que asumir que los votos que emiten los ciudadanos no son cheques en blanco para los regidores -algo que olvidan con demasiada frecuencia- sino un encargo, un compromiso que se adquiere para cumplir lo que se dice en campaña electoral.